Barack Obama lo ha calificado como “el TLC del siglo XXI”, pero Médicos Sin Fronteras lo llama “el tratado más dañino de todos los tiempos para el acceso a medicamentos”. Se trata del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés), un ambicioso tratado de libre comercio que negocian hasta el momento 12 países de la cuenca del Pacífico: Estados Unidos, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá, México y el recientemente incorporado Japón.

Los números impresionan: de firmarse, este tratado constituiría la mayor área de libre comercio del mundo, e involucra un 40% del PBI global y casi la tercera parte de las exportaciones e importaciones mundiales. Sin embargo, éste no es solo un acuerdo de “comercio” —para promover el intercambio de bienes y servicios entre los países participantes—, pues involucra una serie de aspectos adicionales. Carlos Furche, hasta hace poco director general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena, ha señalado que, antes que un nuevo tratado, ésta parece una renegociación del TLC bilateral con los Estados Unidos, pues en diversos ámbitos este país busca avanzar con nuevas y agresivas exigencias. “El TPP no es solo un acuerdo comercial, sino una pieza en la redefinición estratégica de la política exterior de EE.UU.”, ha escrito Furche, a quien no se le puede acusar de ser un “antisistema” o estar en contra de los TLC.

¿Cuáles son los temas más delicados a los que el Perú debe prestar especial atención?

La agresiva agenda en propiedad intelectual
Las principales alarmas las ha encendido el capítulo de propiedad intelectual, que implica riesgos en dos grandes ámbitos: por un lado, la salud pública y el acceso a medicamentos; por el otro, restricciones en temas de derechos de autor, innovación, uso de la información y libertad en Internet.

En el ámbito de la salud, la propuesta estadounidense —filtrada hace ya dos años y que aún sigue en la mesa de negociaciones— puede verse como un “TLC-plus”. Uno de los aspectos más polémicos es la ampliación de los criterios de patentabilidad: Estados Unidos busca que sea posible patentar no solo medicamentos, sino también nuevos usos de medicamentos ya conocidos (algo que el Perú rechazó en el TLC bilateral y que choca con la legislación de la Comunidad Andina), nuevas formas moleculares del mismo medicamento y, lo que es más increíble, nuevas formas de dosificación de un medicamento, así como métodos de diagnóstico, de tratamiento y quirúrgicos. Quieren patentarlo todo.

Por si todo esto fuera poco, la propuesta busca prohibir la presentación de oposiciones a una patente hasta que ésta se haya otorgado, lo que significa que si alguien tiene alguna razón para cuestionar la pertinencia de otorgar una patente no podrá hacerlo sino de manera posterior a su vigencia.

Hay un tema adicional que debería ser de especial preocupación para el Gobierno peruano, que ha ofrecido implementar el “Plan Esperanza” para proveer tratamiento oncológico a los ciudadanos que lo necesiten. Se trata de la propuesta de proteger los datos de prueba de los medicamentos biológicos, los más avanzados para tratar el cáncer, durante “por lo menos cinco años”: esta protección no está incluida en el TLC bilateral con los Estados Unidos, pero existe un lobby muy fuerte de la industria farmacéutica transnacional para incorporarla en el TPP. ¿Qué significaría esto? Mayores plazos de monopolio y, por lo tanto, precios más caros. En este momento, en los Estados Unidos la farmacéutica Abbott sostiene un proceso legal contra la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) para evitar la utilización de estos datos de seguridad y eficacia para la fabricación de “biosimilares” de su medicamento Humira y obstaculizar de esa manera la competencia que ayudaría a disminuir sus costos. Un ejemplo de lo que se podría venir en el Perú.

Un equipo de expertos del Perú, Chile y Colombia (país que eventualmente buscaría entrar en la negociación) elaboró hace poco un estudio de impacto que, utilizando una metodología validada en anteriores ocasiones por la Organización Panamericana de la Salud, evaluó las posibles consecuencias de algunas de estas propuestas en materia económica. Las conclusiones: para el Perú, aceptar estas exigencias significaría un desembolso adicional de 90,8 millones de dólares anuales, equivalente al gasto en medicamentos de un millón 620 mil personas.

Internet es otro ámbito sensible del capítulo de propiedad intelectual. El texto filtrado contiene disposiciones similares o incluso más rígidas que las propuestas en la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) que generaron protestas mundiales y el rechazo de gigantes como Google y Wikipedia. Ahora, la industria cultural estadounidense busca aprobar a través de un acuerdo internacional lo que no tuvo consenso en su propio Congreso nacional. Entre los aspectos más preocupantes está la posibilidad de que los proveedores del servicio de Internet (por ejemplo, Claro o Telefónica) y los intermediarios (páginas de foros, redes sociales, entre otros) sean obligados a hacer las veces de “policías”, vigilando el contenido compartido por los usuarios en busca de posibles infracciones a los derechos de autor. Esto pone en riesgo la privacidad del internauta e implica la privatización de una función que debería recaer en entidades administrativas o judiciales, no de empresas. Por éstas y otras razones, organizaciones especializadas como la Electronic Frontier Foundation consideran que el TPP es “la mayor amenaza a la Internet global desde ACTA”.

Inversiones: ¿Cuántos Doe Run más son necesarios?
El Perú enfrenta en estos momentos una demanda internacional por 800 millones de dólares interpuesta por Doe Run, la operadora del complejo metalúrgico que ha convertido a La Oroya en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Lo inaudito del caso es que la Ley la ampara: el TLC con los Estados Unidos incluye el mecanismo conocido como “inversionista-Estado” que permite a los empresarios estadounidenses llevar al Estado al banquillo de los acusados —sin pasar por el sistema jurídico nacional— cuando perciban que se ha afectado su “expectativa de ganancia”. En este caso, fue la decisión del Gobierno anterior de hacer cumplir la Ley en lo referido al Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) lo que disparó las iras empresariales.

Con este mecanismo, ya son muchos los Estados demandados por empresas que buscan evitar la aplicación de regulaciones sobre diversos temas, como medio ambiente y salud pública. Uruguay y Australia sostienen sendos procesos de arbitraje interpuestos por la tabacalera Phillip Morris, México perdió un proceso por haber exigido a la empresa Metalclad la limpieza de desechos tóxicos en San Luis de Potosí, y Canadá no pudo incorporar una regulación contra aditivos tóxicos de la gasolina por una demanda similar.

Como, en la práctica, se está demostrando que éste es un mecanismo utilizado por las empresas para obstaculizar nuevas regulaciones, ya son numerosos los Estados que vienen anunciando que evitarán incorporarlo en futuros acuerdos. Ésta es la posición de Australia en la negociación del TPP, en tanto que Nueva Zelanda ha pedido una “excepción general” para resguardar su capacidad reguladora en ámbitos como la salud pública y el ambiente.

¿Cuál es la posición negociadora del país en este aspecto? ¿Volveremos a aceptar la inclusión del mecanismo “inversionista-Estado”, otorgando estos “súper derechos” a empresarios de una decena de países adicionales?

Hasta donde sabemos, los negociadores del MINCETUR aún están “evaluando” si el Perú puede plantear una postura similar a la de Australia o Nueva Zelanda sin generar una “inconsistencia” con acuerdos anteriores. Nos preguntamos: ¿Cuántos casos como el de Doe Run son necesarios para aprender la lección?

Muchos temas, poca información
Junto con estos temas, que han sido especialmente sensibles para la opinión pública, tanto en el Perú como en los otros países involucrados, hay una serie de capítulos sobre los que existe menos información disponible, pero que también contienen disposiciones que merecen la mayor atención.

Uno de ellos es el relativo a las empresas públicas. La propuesta estadounidense busca reducir la capacidad del Estado de favorecer el rol de las empresas públicas, prohibiendo, por ejemplo, la utilización de presupuesto estatal para financiarlas. El objetivo: hacer que las empresas estatales compitan en igualdad de condiciones con las privadas. Puede parecer un tema menor para el Perú: nosotros tenemos solo 35 empresas estatales, mientras un país como Vietnam cuenta con más de mil. Sin embargo, ¿qué pasaría con EsSalud —considerada legalmente como una empresa adscrita al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)— si se aprueban estas disposiciones? ¿Tendría que competir “de igual a igual” con las clínicas privadas? ¿Tiene el Perú una evaluación de lo que eso podría significar?

Otro capítulo preocupante es el de asuntos legales, especialmente el anexo de transparencia en la compra de productos farmacéuticos. Según el texto filtrado, existiría una prohibición que impediría a los Estados utilizar los beneficios de la economía de escala mediante las compras corporativas de medicamentos. En los últimos años, una importante forma de ahorro para el Estado ha sido la compra coordinada de productos farmacéuticos, lo que ha permitido negociar mejores precios con los proveedores. Aparentemente, los negociadores peruanos no están muy alarmados por el tema, pues entienden que en principio el anexo está enfocado en los “reembolsos” del Estado a proveedores privados, figura que no existe en el Perú. Sin embargo, sí hay referencias explícitas que obligarían al Estado a usar como referencia en sus compras “precios orientados por el mercado en el territorio del país”, lo que podría impedir, por ejemplo, la convocatoria de licitaciones con precios de referencia internacionales. ¿Han analizado MINCETUR y el MINSA las implicancias que esto podría tener para la política nacional de salud? Porque aquí no se trata de un tema meramente “comercial”. Como ha señalado Sean Flynn, de la Washington College of Law: “El capítulo farmacéutico propuesto regula la política de salud pública, no el comercio”. 

Otro asunto intrigante se encuentra en el capítulo “obstáculos técnicos al comercio”, en el que se está discutiendo un anexo que impediría que los gobiernos soliciten, como requisito para permitir la circulación de un producto en el mercado, información sobre su fórmula, por considerar que ésta es propiedad de la empresa. El texto, según diversas organizaciones de sociedad civil, mantiene una ambigüedad y podría aplicarse tanto a productos farmacéuticos como alimenticios. En el Perú, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece el etiquetado obligatorio de los productos que contengan organismos genéticamente modificados o transgénicos (lo que, por cierto, aún no se cumple). Nos preguntamos: ¿Cómo haría el Estado para hacer cumplir esta norma, si ni siquiera el organismo regulador podrá acceder a la fórmula original del producto? Es necesario que nuestras autoridades nos den mayores explicaciones al respecto.

Cuestión de milímetros
A inicios de junio, el ministro de Comercio, José Luis Silva, aseguró que el Perú no irá “ni un milímetro” más allá de lo ya acordado en el TLC con los Estados Unidos en temas de propiedad intelectual. De acuerdo con lo expresado públicamente por los negociadores peruanos, el enfoque general de la negociación es tomar este TLC como referencia y, en los temas ya acordados entonces, no ceder más. La pregunta que salta a la vista, entonces, es: ¿Qué ocurrirá con los capítulos no negociados entonces, es decir, con los temas que aparecen como nuevos en este tratado?

La negociación debe verse en términos integrales, pues lo que el Perú acuerde en diversos capítulos puede afectar la capacidad de regulación del Estado sobre temas tan diversos como salud pública, medio ambiente y, en general, los derechos de los ciudadanos, y proteger excesivamente al inversionista. Así, pues, podemos “no ceder un milímetro” en un capítulo pero retroceder varios metros viendo la negociación como un conjunto.

A través del TPP, Estados Unidos está construyendo una correlación favorable para establecer las reglas de comercio de la zona APEC y negociar con China desde una mejor posición. De este modo, busca tener las posiciones más agresivas para marcar la cancha del Pacífico con sus propias reglas de juego, definiendo un escenario favorable para las transnacionales de origen estadounidense. Por eso es visto por los estadounidenses como un tema estratégico, y por eso Obama lo ha llamado “el TLC del siglo XXI”. Mucho ojo.