El problema es que el Gobierno no tiene claro su norte, o, en todo caso, no lo ha hecho público; lo más relevante es que ha estado dedicado a apagar incendios (Conga, Espinar, etcétera). La “Hoja de Ruta” fija límites que todos esperamos y deseamos que se respeten, pero no es un plan de gobierno. Como bien lo ha titulado el propio documento, son “Lineamientos centrales de política económica y social…”, pero carece de contenido específico, en especial de cifras y de plazos, con algunas excepciones (duplicación de cobertura del Programa Juntos, aumento del salario mínimo a S/.750, desnutrición cero), aunque también hay varios rubros que no se mencionan (reforma del Estado, salud, agricultura, etcétera) y otros de los que solo se aprecian generalidades (educación, descentralización, infraestructura, vivienda, turismo, transportes, etcétera).

Lo prometido por Salomón Lerner al asumir el cargo de Primer Ministro ante el Congreso quedó en el olvido con su renuncia, y la presión mediática y de ciertos sectores ha invalidado el Plan de Gobierno original, a lo que colaboró Óscar Valdez cuando declaró que la “Gran Transformación” era inviable y, luego, que Humala debía olvidar sus promesas electorales, aunque al día siguiente corrigió esto último. En realidad, es indispensable que el Presidente de la República —no el Primer Ministro— declare públicamente lo que se compromete a hacer durante lo que le queda de su mandato, con cifras y plazos. Así tendremos metas específicas y evitaremos que éstas cambien con los gabinetes. De lo contrario, aunque la economía vaya bien, seguiremos como barco a la deriva. Los problemas se deben enfrentar generando consensos, y eso requiere primero diálogo y luego objetivos. Es indispensable comprometer a la mayoría de peruanos, a los gremios, colegios profesionales y otras entidades representativas, con un plan por lograrse hasta el fin del periodo. Esto, por supuesto, reclama un liderazgo claro y definido del propio Presidente.

Alguien me preguntó si los mensajes que dieron en su oportunidad en el Congreso el Presidente de la República y los presidentes del Consejo de Ministros al asumir sus mandos no llenaban este vacío de planes y objetivos. Considero que lo hacen solo parcialmente. De los tres, el discurso de Lerner tuvo la virtud de romper la tradición y la costumbre al señalar cifras, fijar plazos y fechas, lo que implicaba autoimponerse controles, además de comprometerse a rendir cuentas periódicamente; pero era muy breve para ser un verdadero Plan de Gobierno. El de Valdez, aunque contenía algunos guarismos, también mostraba muchas generalidades y metas por cumplir al final del periodo sin especificar la evolución anual. Además, de alguna manera retrocedió al no comprometerse a rendir cuentas, como lo hizo su predecesor. Si bien es cierto que no había manifiestas incoherencias entre los discursos, los énfasis estaban puestos en aspectos diferentes: mientras Valdez hacía hincapié en la relación con la minería responsable respondiendo al problema de Conga, que fue el que motivó su nombramiento, Lerner hacía más eco de las promesas electorales que lo habían precedido inmediatamente en el tiempo. Lo que ha quedado claro a estas alturas es que el endurecimiento no ha tenido éxito y ha obligado al Presidente a un nuevo cambio de Gabinete antes de cumplir un año en el poder.

En el fondo, tengo la impresión de que el problema es que el Gobierno no ha asumido objetivos claros por temor a enfrentar a los grupos de poder más conservadores y a los sectores más radicales, que representan los dos extremos; y ese camino, en mi percepción, es un error.

Creo que está vigente el primer plan con las modificaciones de los documentos posteriores (“Compromiso con el Perú”, “Hoja de Ruta”, etcétera), pero convendría que el propio Gobierno valide esta tesis, que por lo demás es lógica y razonable. Al final, el plan original, con los cambios, deja de ser la amenaza a la democracia que muchos temíamos. Sin embargo, si el Gobierno prefiriera cambiar, lo que se puede aceptar si media una explicación razonable, es necesario que declare y publique un nuevo plan con todos los requisitos indicados: plazos, fechas, etcétera.

Dicen que el infierno está poblado de buenas intenciones. El gran problema de este Gobierno es la falta de gerencia, de eficiencia en la ejecución. Hay que corregir el grave error que fue bajar los sueldos en el sector público y pagar lo que paga el mercado, para contar con los mejores gerentes y técnicos. Otros temas que están quedando en el olvido son la reforma del Estado y la profesionalización de la carrera pública, expresamente mencionada en la “Hoja de Ruta”. No puede ser que los funcionarios cambien cada vez que cambia el Gabinete. Así no es posible continuidad alguna.

Otro asunto de importancia es el de la regionalización, que como está no funciona en muchos aspectos. Se constata un serio problema de gestión para el uso de los recursos, pero lo más importante es a lo que le han temido todos los gobiernos hasta ahora: la reestructuración de las regiones, que tendrían que ser transversales y no un calco de la división política por departamentos, como se hizo para evitar problemas y salir del paso. Los avances con las macrorregiones pueden servir de punto de partida.

Algunos temas de coyuntura

1. El Proyecto Conga

Poco antes de que se agudizara el problema suscitado por el proyecto Conga, un amigo me preguntó qué sabía al respecto y le dije con franqueza que solo lo que se había publicado en los diarios. Él manifestó estar en la misma situación, pero agregó que había tenido noticias de que la forma de explotar el yacimiento para no afectar las lagunas sería diferente a la planteada por la empresa, lo que sin duda elevaría los costos y reduciría la utilidad. Los peritos internacionales no hicieron sino confirmar esta noticia que los medios nunca comentaron antes de que se hiciera público el informe pericial. Por supuesto que la explicación es que hay que elevar costos y sacrificar utilidades en beneficio de las comunidades de la zona y, en especial, de la preservación del medio ambiente.

Algunos días después tuve la ocasión de conversar con una persona que había estado vinculada contractualmente a Newmont. Me contó que la imagen de Yanacocha1 en Cajamarca podía resumirse en una frase: “Es una puta que de pronto quiere parecer señorita”. Me informó que la propia empresa tenía registradas más de dos mil promesas incumplidas a las comunidades de los alrededores a través de los años, y que por tal motivo “ya nadie le cree”. En su opinión, el problema tenía origen en la actitud de los altos funcionarios de Newmont con los lugareños a quienes miraban a menos, al viejo estilo de patrón de hacienda. Reconoció, por otro lado, que, aprovechándose de la situación, había gente haciendo política y arrastrando “agua para su molino”.

Casualmente, al poco tiempo asistí a un desayuno que organizaron los jesuitas en honor de don Alberto Benavides de la Quintana2. En su alocución, el propio homenajeado reconoció que sus empresas habían tenido poco cuidado con el medio ambiente, pero que esto se había corregido en los últimos tiempos y que ahora eran muy celosos al respecto. Agregó —y esto es lo interesante— que no tenían problemas con las comunidades de las zonas en que operaban, y que, por el contrario, habían logrado una relación cordial que implicaba satisfacer las expectativas que las explotaciones mineras generaban en los habitantes de las zonas involucradas.

Luego conversé con uno de los abogados más prestigiosos vinculados a la minería y, por eso, conocedor de los problemas que viven las empresas dedicadas a este rubro a lo largo y ancho del Perú. En su percepción, el problema se derivaba de que cuando llegaba una empresa a iniciar operaciones, se despertaba tal apetito en los pobladores que se aprovechaban de las circunstancias y exigían más y más, lo que se agravaba porque primero pedían los vecinos inmediatos, luego los un poco más lejanos y así in crescendo, de tal manera que en algún momento había que fijar límites y decir “no”.

Cuando comenté esto último con un geólogo que conoce el ambiente, me hizo notar que el problema era la forma en que algunas mineras afrontaban el asunto. Muchas empresas del rubro se dedican —me dijo— “a repartir pescado en vez de enseñar a pescar”, de tal manera que la gente siempre les pide más. Esta alternativa, en algunos casos, incluía sobornos a dirigentes y poco cuidado en los efectos de los nuevos ingresos sobre la población y la forma de administrarlos. De alguna manera, la reciente propuesta de algunas personas de repartir un cheque a cada uno de los pobladores podría ser incluida en esta alternativa. Pero ella tiene, también, el defecto de promover el individualismo y no la inversión como comunidad. El mismo geólogo me hizo notar que, por las características del yacimiento de Conga, no hay posibilidad de que lo explote la minería informal, más aún si tenemos en cuenta que el denuncio lo tiene Newmont o Yanacocha, y que sin duda lo mantendrá hasta que pueda explotarlo. Queda claro, entonces, que las amenazas de algunos medios solo pretenden amedrentar a los incautos que les creen.

Esto me recuerda el comentario que hizo también hace algunos meses, en un evento, uno de los principales empresarios mineros. Se quejó de la falta de presencia del Estado en las zonas de explotación, que resultaba en que las mineras tenían que reemplazarlo. No me cabe duda de que está en lo cierto, pero también es necesario tener presente en qué país vivimos y lo que resulta de hacer explotación minera aquí. Aunque no está mal que le recordemos a nuestro Estado su ausencia en muchos lugares apartados, no podemos “pedirle peras al olmo”; mientras tanto, tenemos que actuar sabiendo qué es lo que la realidad nos exige, sin olvidar que los márgenes de utilidad en estos tiempos permiten invertir en desarrollo social. Al final, es al empresariado a uno de los que más le interesa un país sin pobreza y en el que no existan las diferencias que por desgracia todavía subsisten en nuestra sociedad.

No creo que el problema sean las comunidades cajamarquinas, como tampoco lo fueron las de Bagua; ni que los únicos culpables sean los “agitadores políticos”, porque algunas empresas mineras manejan mal sus relaciones con las personas del lugar, mientras que otras lo hacen mejor. En pocas palabras, el problema de Conga parece haber sido ocasionado por el reiterado incumplimiento de promesas a la población, de modo que la empresa está cosechando ahora lo que ha sembrado, y pretende que el Gobierno lo solucione con el apoyo de un gran sector de la prensa y el resto del empresariado, que ha convertido el caso en emblemático y exige que se tomen medidas radicales para sacarlo adelante, como si Conga pudiera verse solo desde la perspectiva económica. En realidad, nada puede analizarse solo desde ésta.

Considero que el presidente Humala no debió “jugarse” afirmando que el proyecto de Conga iba adelante si no estaba seguro de que así ocurriría. Un Presidente solo puede afirmar una cosa así cuando ha verificado que no habrá problemas. Lo que ha sucedido es que se dio con la sorpresa de que la población se oponía a viva fuerza, lo que obligó a Newmont a retroceder, aunque momentáneamente, y al Gobierno a declarar la zona en estado de emergencia en vista de la violencia desatada y la negativa a conversar. Además, se vieron en la necesidad de nombrar “facilitadores” y, por último, hubo que cambiar de Primer Ministro. Al final, creo que la mayoría creemos que parece conveniente para el país que el proyecto salga adelante, pero es necesario convencer a los cajamarquinos del lugar, y eso tomará algún tiempo que Newmont y Yanacocha tendrían que aprovechar para “lavarse la cara” frente a la población.

Dos enseñanzas resultan de este episodio: una, que las empresas mineras deben lograr una relación de confianza con las comunidades de las zonas de explotación; y, dos, que el Gobierno, en especial el primer mandatario, no puede “lanzarse a la piscina” sin estar seguro de que tiene agua. Parece que esta vez ha logrado salvar la cara, pero de todas maneras estas cosas mellan la confianza y la credibilidad.

2. La Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (29903)

Me parece que poca gente se ha percatado de que en este caso el Gobierno y, específicamente, Miguel Castilla, se ha enfrentado al poder económico y le ha ganado la batalla en el Congreso, aunque solo por un voto. Al final, el Ministro de Economía se ha dado cuenta de que su oponente era verdaderamente poderoso, por lo que tuvo que recurrir al “caballazo” para sacar adelante una ley que beneficiará al afiliado. Para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es difícil aceptar que quien les ha doblado la mano es el funcionario que el sector empresarial considera más cercano a este Gobierno, pero no me cabe duda de que persistirán con la acción de inconstitucionalidad y recurrirán a todos los medios a su alcance para revertir la situación, ya que la verdadera razón es que la norma afecta sus utilidades, y eso siempre duele en esos sectores.

3. El Proyecto de ley de contrato de seguros

En este caso la victoria del Gobierno (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP-SBS) todavía no es completa. Se ha logrado que las comisiones de Justicia y Economía del Congreso involucradas dictaminen el Proyecto, pero el término de la legislatura impidió que pudiera verse en el Pleno, lo que ocurrirá en agosto o a principios de septiembre, si tenemos en cuenta que es probable que cambien los presidentes de las comisiones mencionadas, con lo que los nuevos tendrán que empezar por empaparse del tema.

Por desgracia, el Proyecto mismo ha sido manoseado por algunos congresistas vinculados a las compañías de seguros, y la propia SBS ha logrado cambiar otros, porque no quiere cumplir ciertas labores (preparar condicionados mínimos para todos los ramos de seguros). Aun así, quienes redactamos el texto tenemos la esperanza de que en el Pleno del Congreso se regrese al original, que es el que mejor enfrenta los problemas del sector.

Los aseguradores, que astutamente habían querido dilatar la promulgación de la ley proponiendo una más amplia, de pronto se encontraron con que las comisiones aprobaban el texto e intentaron —por medio de sus contactos en el Congreso— hacerle algunos cambios que amortiguaran el impacto de la nueva norma, lo que han conseguido en forma parcial, pero seguirán intentando bloquearla por todos los medios. Esperamos que ésta sea la segunda victoria de este Gobierno frente al poder económico, que en este caso de pura miopía está luchando contra sus propios intereses, ya que la norma mejorará la imagen de los aseguradores y permitirá una mayor penetración en el mercado, es decir, más asegurados, que al final incrementarán lo que más les importa: sus utilidades.

--------------------------