¿Qué trajo a los hombres a esta capitanía del infierno?
El mineral.
–MANUEL SCORZA

En las callejuelas fangosas, los hombres sin rostro —embufandados hasta los ojos— aceleran el paso. Se siente la nerviosidad de los perros. Al igual que ayer y también mañana, la tierra se vuelve epiléptica: se encorva, se agita, palpita. Cerro de Pasco, que nunca se propuso ser ciudad, tiembla. Lo hace porque está al borde del abismo. De una especie de cráter sin fin ni fondo que devora las casas desde sus cimientos. De un agujero negro que exhala plomo. Y del cual no hay escape.

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Trozos de vida bajo un cielo de color amargura y un asco de lluvia, ácida. Viviendas sin pintar se codean con el tajo. Otras se aferran a las laderas de los cerros donde se amontona, caótico, un eterno pueblo joven. Vías laberínticas, estrechas: jirón Zinc, avenida El Cobre, calle Silicio. Un olor a corrosión lo impregna todo.

No hay agua. Precisemos: la hay, sí, por dos horas diarias. Y no es potable. Es turbia, tiene un color amarillento; casi marrón, sabor metálico y —a pesar del frío— olor a charco de basura exprimida. Según la empresa minera Volcán, es “agua neutra de mina”. Ese cuento nadie se lo cree. Se sabe que el agua contiene metales pesados. Pero se toma, combinándola con cloro o lejía, porque, sencillamente, no queda otra.

Aquí, a las orillas del tajo abierto, tener altos niveles de plomo en sangre es algo común. Casi banal. Pero no sin consecuencias. La exposición prolongada a este veneno de acción lenta, incluso a niveles relativamente bajos, puede provocar anemia, discapacidades para el aprendizaje, vómitos, letargo, jaquecas y daños irreversibles en el sistema nervioso. El metal tóxico está en el aire —casi se mastica—, en el agua y lo cubre todo: las calles, los patios, la ropa y las verduras. También los techos de las precarias casas que, como tumbas frías, tambalean y se cuartean. Día tras día, al ritmo de las explosiones de dinamita que ablandan el suelo que se va a excavar.

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Al super pit lo bautizaron McCune. En honor al primer gringo; éste que, a inicios del siglo pasado, se quedó boquiabierto por las riquezas cupríferas de las alturas del Perú central. Fue en 1956, cuando la Copper Corp. decidió sustituir la minería de socavón por el sistema de tajo abierto. Cuenta la tradición que algunos se opusieron. Pero que el abismo hizo de sus casas un festín.

A fines de 1973, la operación de los yacimientos de la Copper Corp. fue asumida por Centromin Perú. El tajo, que crecía a velocidad de vértigo, fue rebautizado Raúl Rojas. Hasta aquí, lo nuevo. Porque Centromin, tal como su antecesor, siguió arrojando relaves mineros al río San Juan y a la laguna Quiulacocha. Y porque Volcán, que adquirió las instalaciones en 1999 —sin tener que hacerse cargo de los pasivos ambientales—, vierte sus desechos tóxicos solo unos metros más abajo, en las pampas de Ocroyoc. En el botadero de Rumiallana y en la microcuenca del río Tingo, también.

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La temperatura ha caído por debajo de cero. La lluvia, lloro del tiempo triste, cede su lugar al granizo. Una mujer, cuya casa oscila al filo del abismo, observa el vacío. Parece languidecer en sus recuerdos. Pronto, lo quiera o no, tendrá que exiliarse. Porque hay reservas de plata, plomo y zinc debajo del piso de su cocina, de su sala y del único dormitorio. Porque el pueblo se conformó sobre su propio potencial minero.

A fines del 2008 se pactó el Plan L entre Volcán y el Concejo Municipal de Pasco. Con él se dio luz verde al avance del tajo hacia el lado sureste, sobre unas 11,4 hectáreas de áreas urbanas. Con él se demolerá la Plaza de Armas del histórico barrio de Chaupimarca, donde el general José Antonio Álvarez de Arenales dio el primer grito de independencia el 7 de diciembre de 1820. También su iglesia matriz, la comisaría, el colegio Lorenzo Rocovich, el mercado El Baratillo, la plazuela Daniel Alcides Carrión, el terminal terrestre interdistrital, la compañía de bomberos, el parque infantil, la loza deportiva, una docena de calles y 1.200 viviendas.

Es bastante sencillo saber cuáles son las viviendas condenadas al derribo y al olvido. Una vez compradas por Volcán, son destechadas y, a veces, marcadas con pintura roja. Con la lluvia que cae aquí, como azote, éstas se filtran, se rajan, se inundan, se hunden. Y las casas colindantes, inhabitables pero todavía habitadas, también caen como hojas, obligando el desplazamiento hacia las cordilleras, pulidas por las heladas y la desolación.

“Ha habido mucha presión, hasta amenazas. Los de Volcán nos decían que no asumirían ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por las detonaciones. A propósito destruían y destechaban las casas. Y cuando las casas colindantes se filtraban o se rajaban demasiado, la gente, finalmente, se veía obligada a vender”, señala Dimas Peñas, presidente de la Asociación de Comerciantes e Inquilinos de Cerro de Pasco Afectados por la Explotación Minera (ACICPAEM).

“No se fijó un precio. Con cada vecino se negoció la venta, y a veces Volcán solo llegaba a ofrecer 20 mil soles. ¿Qué puedes hacer con eso? Yo lo llamo ‘desplazamiento forzoso por desarrollo’. ¿El desarrollo de quién? No lo sé. La gente ya no tiene dónde ir. En los cerros todo es roca. No hay pistas, agua, desagüe; ni siquiera luz”, añade Peñas, quien el 26 de octubre fue desalojado de su casa ubicada en jirón Libertad 169.

El avance paulatino de la minería sobre Chuapimarca, cuyo nombre quechua significa en español “pueblo céntrico”, comenzó hace décadas. En los años 80 del siglo pasado, por ejemplo, desaparecieron la sede de la Municipalidad Provincial de Pasco, y los ambientes del hospital Daniel Alcides Carrión y el Colegio María Parado de Bellido.

Tampoco es que Chaupimarca será el primero —o el último— en desaparecer. Lo han precedido, entre otros, los barrios de Miraflores y Robles Morales, ahora enterrados bajo millones de toneladas de desechos y desmontes tóxicos. Alrededor del tajo, vertiginoso, se extiende la pesadilla. Después del Plan L sigue el Plan G. ¿Dónde terminará? Nadie lo sabe. Pero los cuervos raramente vuelan solos.

“Los precios de los metales han bajado, por la crisis. Volcán está aduciendo que no ejecutará el Plan L y que, por esa razón, no tiene que cumplir con el convenio de reposición y de compensación que firmó con la Municipalidad. Pero lo que creo es que la empresa no quiere cumplir con sus responsabilidades y que está esperando que vuelvan a subir los precios para seguir avanzando sobre esta zona”, relata Gladys Huamán Gora, directora del Centro Labor.

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Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui, el día siguiente. Los pitidos de camiones dando marcha atrás resuenan en el aire frío. Llueve, como siempre.

La tierra tiembla y la pequeña Maylí, de 5 años, tose. Se refugia entre las piernas de su madre. Están paradas en la puerta de una precaria casa con techo de calamina oxidada, cercada por torres de alta tensión y fuliginosas montañas de desechos tóxicos que nadie quiere asumir.

“Mi bebé no camina, no habla, no puede ir a la escuela”, señala la madre de Maylí. “Mis otros hijos están bien. Ella es la única que ha nacido aquí, en el asentamiento humano.”

Maylí está envenenada. Lo está, incluso, desde antes de nacer. No camina bien y sus palabras se ahogan en su garganta. Ninguna, jamás, ha pasado por sus labios. Y, como las flores, hace tiempo dejó de crecer. Su madre, una mujer de ojos oscuros inundados de cansancio, no tiene dudas al señalar un culpable: el plomo.

Del otro lado del tajo, a unos 7 kilómetros de Cerro de Pasco, está la (ex) “Laguna de Aves” y ahora relavera de Quiulacocha. Ésta se extiende sobre unas 115 hectáreas que contienen más de 75 millones de relaves mineros —una mezcla de tierra, minerales, agua y roca que contienen altas concentraciones de químicos—, dejando un paisaje desolador, inhóspito y desprovisto de color. Los campesinos, criadores de ovejas y alpacas, intentan sobrevivir.

Hace un tiempo se realizó un experimento en Quiulacocha. Se metió a un pez en sus aguas rojizas. Éste murió apenas 40 minutos después. Cosa no sorprendente, entonces, es que se muera el ganado o que, en Quiulacocha y Champamarca, la prevalencia de niños —como Maylí— con índices de plomo en sangre que supere los límites máximos permisibles es de más de 85%. O que en Chaupimarca, Ayapoto y Paragsha, el 91% de niños y el 82% de mujeres en edad fértil tengan altos niveles de por lo menos algún metal pesado en sangre u orina.

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El plomo es inhalado e ingerido. Cuando ingresa al organismo, pasa al flujo sanguíneo, donde, transportado por los glóbulos rojos, se distribuye a los tejidos blandos (riñón, hígado, tejido nervioso) y a los huesos. Allí puede permanecer hasta por 19 años.

La exposición al plomo es acumulativa y sus efectos son potencialmente irreversibles. Incluso a niveles relativamente bajos, puede multiplicar el riesgo de cáncer de páncreas, generar anemia, jaquecas fuertes, depresión, dolores abdominales, temblores musculares y lesiones del sistema nervioso central. También provoca alteraciones menstruales, infertilidad, malformaciones congénitas y aumenta el riesgo de aborto espontáneo.

Las malformaciones congénitas, un defecto en la anatomía o en el funcionamiento de los órganos, se producen cuando algo —una sustancia, un gen— actúa sobre el desarrollo del feto durante el embarazo. En el 2007, las malformaciones congénitas fueron la primera causa de muerte en el centro poblado de Paragsha, en cuya planta concentradora Volcán procesa el mineral del tajo abierto. En el caso de niños, siempre en el 2007, el 33% de las muertes se debieron a malformaciones congénitas. El promedio nacional es de 12%.

“No tenemos agua, sino una hora diaria o cada dos días. La empresa trae sus aguas industriales y la usamos clandestinamente. Es agua contaminada, tóxica. Por eso agarramos unos baldes o cilindros y en nuestras casas les metemos cloro o lejía antes de tomarla”, señala Wilson García Javier, presidente de la Junta Vecinal del Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui. “Pero a pesar de esta precaución, los pobladores sufren de diarrea, alergias, gastritis, comezones, granitos en la piel, bronquitis. Muchos de los niños están naciendo con bajo peso y tienen problemas de aprendizaje.”

El sol quema. Huele a azufre. Se eleva un vapor espeso de una piscina de agua amarillenta. Chorros de ésta se escapan de las tuberías corroídas que la transportan hasta allí. Algunas mujeres se acercan para lavar su ropa. Luego, lánguidamente, regresan a sus casas de cemento gris. Como el plomo.

“Cuando llegamos, en 1980, había ichu y abundaba la ganadería. A fines de esa década, el tajo empezó a extenderse por aquí. Fue una fuente de trabajo, cierto, pero ahora vivimos acorralados por el desmonte minero. Todo lo que ya no sirve, la empresa Volcán lo bota aquí”, relata García.

“‘Compruébame que te estoy contaminando’, nos dicen los de Volcán. Que este botadero se va a cerrar, que van a arborizar, que no hay contaminación. Yo digo que son mentiras. Y que al pueblo, envenenado, lo han olvidado”, añade.

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Reubicar. Mudar. Reasentar. La idea no es nueva. Surgió, algún día impreciso —y ante el inevitable crecimiento del tajo—, a inicios del siglo pasado. Otra vez, en la década de 1960, cuando se propuso edificar un nuevo núcleo urbano en los alrededores de Villa de Pasco, a 20 kilómetros de la ciudad. Otra, en 1971, durante el gobierno militar de Juan Velasco. Se pensó en San Juan Pampa. La llamada “nueva ciudad”, ubicada en ese entonces a menos de 2 kilómetros de Cerro de Pasco, está ahora también al borde de la boca del tajo. Otra —la última—, en el 2008, cuando se aprobó la “Ley del Traslado” (29293). Pero todavía no queda claro dónde irán a parar los 80 mil habitantes del remoto cerro mineral.

La actividad extractiva ha dejado muerta la tierra de Cerro de Pasco. Y enfermos a sus habitantes. Un reasentamiento es, sin duda, necesario. Urgente. Pero ¿será factible?

“El traslado es nuestra oportunidad de cambio; de tener fuentes de agua limpia y suelos descontaminados. Pero hay muy poca voluntad política, y la dilatación del proceso es tremenda. La ley se promulgó hace más de tres años y todavía no se ha gastado ni un solo sol para realizar los estudios de viabilidad”, señala Gladys Huamán, directora del Centro Labor. “Mientras tanto, seguimos viviendo en una ciudad que se carcome por dentro y que huye hacia la falda de los cerros”, añade.

Algunos pobladores se oponen al reasentamiento, otros no. Algunos preferirían que se ejecute un proyecto de abastecimiento de agua potable y de desagüe. Otros, que se haga eso, sí, pero que también se piense en el traslado. (Que, por cierto, demoraría al menos 20 años.) Lo que más hay es confusión, desesperación y frustración. El resultado usual de una inadecuada e insuficiente consulta.

Tampoco hay acuerdo sobre quién deberá asumir los gastos del traslado. La Ley no lo precisa y el Gobierno Central y Volcán se tiran la pelota.

“¿Cuántas veces nos han dicho: ‘los vamos a trasladar’? Y, como siempre, no pasa nada. A la empresa le exigimos, pero nos dice ‘no, tienen el canon y las regalías’. Pero las autoridades no lo invierten en la población”, relata Dimas Peñas, presidente de ACICPAEM.

El dónde también sigue siendo un misterio. La provincia de Pasco tiene concesionado casi el 55% de su territorio a la minería. Cerro de Pasco nunca ha tenido un plan de desarrollo urbano sostenible y ha crecido desordenadamente. Las pistas y las casas, por ejemplo, se construyen donde luego se cavan galerías y socavones.

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Llueve una lluvia miserable y reina la incertidumbre. Cerro de Pasco nació por la mina. ¿Morirá con ella?