Es indudable que resulta un mérito de la diplomacia peruana el reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a favor de nuestro país de un área marítima de 50.000 km2 aproximadamente, que hasta el momento del fallo se encontraba, o bajo el dominio de Chile (triángulo interno), o era considerado como alta mar o, erróneamente, mar presencial (triángulo externo). Sin embargo, también resulta importante señalar que la construcción jurídica que ha llevado a cabo la Corte denota claramente un intento por lograr cierto nivel de equidad y no ver afectados los intereses de ambos países.

No estamos frente a un fallo salomónico (ex aequo et bono), tema tan discutido en Chile días previos a la sentencia, ya que el trabajo llevado a cabo por los jueces de este organismo internacional no se encuentra al margen del derecho, ni se sustenta solo en la justicia; aun así, sin duda la utilización de algunos conceptos jurídicos con un objetivo específico ha dejado mucho que desear, tanto en el Perú como en Chile.

El tema que más llama la atención es el término de “límite biológico”, que permite justificar la extensión del paralelo como límite marítimo por 80 millas, justo el espacio marítimo que no perjudica los intereses de la pesca artesanal ni industrial chilena en el norte de ese país. Aunque este término se encuentra presente en forma marginal, parece difícil poder justificar lo que peruanos y chilenos trataron de decir según la Corte, pero no dijeron, en el tratado de 1954, más aún en un contexto en el que el Derecho Internacional solo reconocía 12 millas de mar territorial.

Asimismo, se debe señalar que aunque la percepción de la opinión pública de ambas naciones nos permite hablar acerca de un país victorioso y otro derrotado, técnicamente, parte fundamental de la argumentación peruana no fue aceptada. Por un lado, la Corte reconoció la existencia de un límite marítimo, que se sustenta en un acuerdo tácito. Haciendo una revisión de los fallos entre Nicaragua-Honduras (2007) y Nicaragua-Colombia (2012), los acuerdos de límites marítimos entre los países no deberían ser fácilmente presumidos, lo que ha ocurrido en este caso. Por otro lado, la Corte también interpretó que el punto de partida del límite marítimo es la intersección del paralelo del Hito n.º 1 y la bajamar, lo que desconoció por completo la relación entre los tratados que delimitaron el límite terrestre y aquéllos de naturaleza marítima. Ciertamente, el Perú no podía hacer referencia a diferencia alguna referida al Tratado de Lima de 1929, por ser anterior al Pacto de Bogotá de 1948, pero la lógica supone que debería existir cierta coherencia entre el comienzo de ambos límites. Sin embargo, el fallo ha sido claro respecto de que esto no necesariamente tiene que ser así y, por ende, la interpretación del Perú del Tratado de 1929 sigue siendo la misma, de acuerdo con lo señalado por el artículo 2.°, que se refiere a un punto de la costa llamado “Concordia” como inicio de la frontera, distinta a 10 kilómetros al norte del puente del río Lluta.

Otro aspecto sensible es la realidad de la pesca de Tacna, departamento que no se ha visto favorecido con 200 millas en razón del establecimiento del paralelo hasta la milla 80. A pesar de lo señalado, es preciso indicar que hoy, a diferencia de lo que sucedía antes del fallo, Moquegua ya cuenta con 200 millas frente a sus costas; además, aunque la participación de la pesca en el PBI tacneño es muy reducida, se abren posibilidades, sobre todo en materia industrial, en una zona muy rica en recursos.

Un último aspecto por resaltar es el éxito de la estrategia peruana en desmedro de la propuesta chilena. El Perú no solo logró consolidar la relación bilateral mediante las llamadas “cuerdas separadas” en aquellos temas ajenos al diferendo marítimo y fundamentales para nuestro desarrollo, como el ámbito comercial, sino que, además, consiguió que Chile no concrete la participación de Ecuador en el proceso; por el contrario: nuestro país logró suscribir un acuerdo de límites marítimos con Ecuador el año 2011, reforzando la argumentación peruana acerca del carácter no limítrofe de los acuerdos de 1952 y 1954. Antes de 1998, seguramente Ecuador hubiera actuado como un estrecho aliado de Chile, dificultando nuestras expectativas.

Ahora empieza la fase de la implementación. Mucho se discutió acerca de la posibilidad de que Chile no respete el fallo, siguiendo el ejemplo de Colombia, además de una experiencia histórica de continuos incumplimientos por parte de nuestro vecino del sur, ya sea por la situación de las provincias cautivas a inicios del siglo XX, como por la demora para concluir los temas pendientes del acuerdo de 1929, aspecto que recién se logró 70 años después, en 1999, con la firma del Acta de Ejecución del Artículo Quinto del Tratado de Lima. No obstante, ha quedado demostrado que, a pesar de la presencia de halcones en ambos países, la relación entre el Perú y Chile es distinta a la relación entre Nicaragua y Colombia: mucho más estrecha e interdependiente, además de contar con una agenda que trasciende la relación bilateral (por ejemplo, a partir de lo desarrollado en la Alianza del Pacífico), que genera los costos suficientes que impiden a cualquiera de los dos países pensar en incumplir el fallo. El reconocimiento inmediato del carácter obligatorio del fallo por parte de los presidentes de ambos países es una demostración de dos países democráticos y responsables frente al Derecho Internacional.

Personalmente, me encontraba convencido de que existían ciertas circunstancias en el vecino país del sur que me obligaban a señalar que la implementación del fallo podría dilatarse. Prever un importante debate (más aún luego de lo visto en las semanas previas al fallo) y un Presidente que no iba a querer ejecutarlo en el último mes de su gobierno, seguramente pensando en las próximas elecciones, parecían confirmar los condicionamientos que se comenzaban a generar en Chile en torno al triángulo terrestre y los absurdos requerimientos de cambios normativos que el Perú tendría que realizar para posibilitar el fallo.

Increíblemente, otra vez la reciente reunión del 2+2, llevada a cabo en Santiago de Chile, ha demostrado que ambos países están comprometidos con la implementación del fallo, estableciendo plazos razonables y satisfaciendo las principales preocupaciones de ambas partes, desde el respeto del Perú de la normativa internacional, hasta la situación de un grupo de pescadores peruanos detenidos por autoridades chilenas. El único punto que parece que será un tema por conversar más adelante será el relacionado con el triángulo terrestre.

Así, la estrategia del Gobierno peruana ha sido la más adecuada, pues ha puesto el énfasis en la ejecución del fallo y no ha dado importancia a la protesta del Gobierno chileno acerca del triángulo terrestre, que parece dirigida más a la opinión pública del vecino país que hacia Torre Tagle; de ahí que aún no se haya materializado formalmente una nota de protesta.

Una vez llegado el momento, existe la opción de recurrir, de acuerdo con lo señalado por el mismo Tratado de 1929, al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos, aunque éste no debería ser el camino por seguir. Tratándose de un territorio pequeño (3 hectáreas y media), agreste, en el cual todavía existirían minas antipersonales, creo que podrían buscarse soluciones novedosas que no afecten la soberanía territorial del Perú. El inicio de un nuevo mecanismo de solución pacífica de controversias, dejando la decisión a un tercero, y que puede demorar años, no es la mejor alternativa frente a la importancia de seguir avanzando en la construcción de la relación bilateral, más aún teniendo en cuenta el ya difícil escenario que significa el posfallo de La Haya y la imagen que en Chile tienen del Perú como un país revanchista.