Empezó con uno, dos, tres. Con mamá, papá, bebé. Pero ahora, a veces, no alcanzan los dedos de una sola mano. Puede haber mamá, papá, óvulos donados, el útero de otra mujer, el esperma de algún donante anónimo, el médico que lo combina todo… y bebé. En esta ecuación hay personas que desean tener un hijo y no pueden. Hay mujeres que, por razones altruistas u otras, “alquilan” su vientre. Y también hay mafias. Pero lo que más falta hacer es una ley que enmarque esta complicada secuencia matemática.

Mater semper certa est
Se llamará Sebastián. Fue concebido en una placa de cultivo en un laboratorio, hace unos siete meses. Mediante punción vaginal y control ecográfico, los médicos cuidadosamente extrajeron óvulos de su madre biológica, Valeria. Éstos se incubaron junto a los espermatozoides de su padre biológico, Javier. Pocos días después empezó a formarse una pequeña masa de células microscópicas —el embrión—, y éstas fueron implantadas en el útero de Julia.

Se supone que, cuando nazca, Sebastián será entregado a Valeria y Javier, para que sean ellos quienes lo críen. Suscribieron un complejo contrato para garantizarlo. Pero si Julia, sea cual fuere la razón, decidiera quedarse con el bebé que creció en su vientre, nada podrían hacer.

En el Perú, contratar a una madre sustituta —también llamada “subrogada”— es complicado. Y riesgoso. La capacidad técnica está, las candidatas también. Pero la ley se ha quedado en la época de las Doce Tablas. La madre es la que parió, señala el axioma romano: Mater semper certa est (la madre siempre es conocida). Y la ley peruana concuerda. Así, cuando una madre “subrogada” decide quedarse con el nacido —y con el pago—, los contratantes, o padres biológicos, no pueden denunciarla. Lo que deja la puerta abierta al chantaje y la extorsión.

En enero de este año, Isabel Castro Muñoz y su conviviente fueron detenidos en Santa Anita —y posteriormente liberados, por falta de pruebas— por extorsionar a una pareja a la que ésta había “alquilado” su vientre por US$50 mil. La Fiscalía reportó que la pareja, “bajo amenaza de abortar el producto de la inseminación artificial”, obligó a los agraviados, que en ese entonces radicaban en Italia, “a que les hagan entrega de diversas sumas de dinero, extorsión que incluso se prolongó después del nacimiento”. Habrían enviado, según se denunció, correos electrónicos en los que amenazaban con secuestrar y asesinar a la niña.

“Es normal que se cubran los gastos —médicos u otros— durante el embarazo, así como que se otorgue una compensación. Pero es totalmente inaceptable que se llegue a extremos como: ‘si tú no me das US$50 mil, yo no te doy al niño’”, señala la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza, cuyos asesores están alistando un proyecto de ley que regule y enmarque la “maternidad subrogada”.

“La subrogación consiste en hacer un bien a la humanidad. Es algo voluntario, maravilloso. Pero los problemas surgen cuando hay dinero de por medio. No estoy de acuerdo con su comercialización. Por eso esta práctica se tiene que regularizar. Para proteger a los padres biológicos, para evitar la manipulación y el chantajeo y, sobre todo, para proteger al nacido”, añade.

Dilemas
En el 2009, una mujer, quien no podía embarazarse (era demasiado riesgoso, según los médicos, ya que padecía insuficiencia renal e hipertensión), decidió recurrir a la fecundación in vitro. El embrión, portador de sus genes y los de su esposo, fue exitosamente implantando en el útero de su madre. Ésta lo gestó y, posteriormente, dio a luz a su propia nieta (quien era, a la vez, legalmente su hija, así como la hija genética de su hija). En este particular caso, la jueza del 15.° Juzgado de Familia de Lima ordenó una prueba de ADN con el fin de comprobar la maternidad genética de la niña. Probada ésta, y al considerar que no existe en nuestro país prohibición respecto de la “maternidad subrogada”, otorgó la custodia legal de la niña a la madre biológica.

“Siempre cabe la posibilidad de recurrir a un juez. Siendo la presunción de maternidad exactamente eso, una presunción, ante evidencias de lo contrario, el juez podría determinar la filiación legal que se ajuste a la realidad del caso concreto”, señala la abogada Paula Siverino Bavio, directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la PUCP.

“En esta ocasión, recurrir como ‘criterio de verdad’ a la prueba de ADN tuvo un final feliz, pero cabría preguntarse a qué solución se hubiese arribado si [la mujer] hubiera padecido alguna patología que le impedía aportar el óvulo y se hubiese recurrido tanto a la ovodonación o la embriodonación como a la ‘maternidad subrogada’”, añade.

Pero el caso no quedó allí: la jueza, al enterarse de que en el proceso de fecundación in vitro se concibieron seis embriones —se implantaron tres en el útero de la abuela y se criconservaron tres—, dispuso que, en un plazo perentorio de dos años, se haga efectivo el derecho a la vida de los embriones congelados.

“El obligar a una mujer enferma a gestar por sí, o bien buscar quién geste por ella, y poner a tal fin un plazo, bajo amenaza de iniciarle a ella y su esposo un proceso por abandono de menores, es ir demasiado lejos. ¿De qué manera se respeta su dignidad al convertirla a ella en un riesgo para su vida, o bien a una tercera mujer, con el coste físico y emocional que una ‘maternidad subrogada’ conlleva, en una incubadora?”, pregunta Siverino Bavio.

Retrato de paradojas
¿Qué es una madre? ¿La que gesta y da a luz, o la que provee el material genético para la concepción? La realidad puede —y muchas veces tiene— poco que ver con los genes. (Sospechamos que los romanos nunca se imaginaron que una mujer pudiese parir a un niño que, genéticamente, no es suyo.) Valeria, por ejemplo, es la madre genética de Sebastián, pero no su madre legal. Porque el bebé estuvo en el vientre de Julia, la madre sustituta. Tuvo que ser así porque Valeria sufre del Síndrome de Rokitansky, un cuadro clínico malformativo que la dejó sin vagina ni útero (donde se desarrolla el óvulo fecundado), pero con ovarios sanos. En cuanto a Patricia, una mujer soltera de 42 años, ésta dio a luz a una niña que no es genéticamente suya. Es infértil (sus ovarios no producen las hormonas requeridas para que los óvulos maduren), y su embarazo fue posible solo gracias a la donación de óvulos y de esperma. Sin embargo, ella sí es legalmente madre.

Existen similares embrollos de filiación y vacíos legales (no se autoriza, tampoco se prohíbe) en la mayoría de los países sudamericanos y en México. En España, China, Alemania y Suecia la “maternidad subrogada” es un acto ilícito, mientras que en otros países, como la India, Grecia, Rusia y Ucrania, es plenamente legal (en Brasil, desde 1992, y en Canadá también lo es, con tal que no tenga carácter lucrativo). De hecho, en Ucrania el Código de Familia dispone que aunque el embrión generado por los padres biológicos sea transferido al útero de otra mujer, éstos serán, legalmente, los padres del bebé. Y en caso hayan recurrido a una donación —sea de esperma, de óvulos o ambos— no tiene importancia alguna su relación genética “incompleta” con el nacido.

En el 2010, un juez moscovita ordenó que en el certificado de nacimiento de un “niño probeta” conste únicamente el padre, un hombre soltero que recurrió a un programa de gestación subrogada con óvulos donados. Al año siguiente, también en la capital rusa, nacieron cuatrillizos concebidos con óvulos donados y el esperma crioconservado de Mijaíl, quien había muerto tres años antes. Aunque parezca sorprendente, Feoharis, Masha, Misha y Yanis no son los primeros bebés nacidos mediante iniciativas de fecundación post-mortem. El primero nació en el 2005 y el segundo, Egor, en el 2010.

En los Estados Unidos, la subrogación empezó a regularse, a fines de los años 80, tras un sonado juicio —el caso Baby M— en el cual se disputó la maternidad de una niña gestada bajo contrato. Elisabeth, quien sufría de esclerosis múltiple, y su esposo William, quien suministró su esperma, alquilaron el útero de Beth por $10 mil. Ésta entregó la niña, pero a los tres días se arrepintió y la recuperó. Finalmente, un juez otorgó la custodia de la niña a la pareja y, 10 años más tarde, se le reconoció a Beth un derecho de visitas.

Desde el nacimiento de Baby M, la justicia de EE.UU. ha tejido una complicada y dispareja urdimbre: mientras que en algunos estados la subrogación queda tajantemente prohibida, otros solo permiten su variante altruista (sin pago de por medio), y otros más la han plenamente legalizado. En California, un caso único, se elaboró —y aplicó— en los casos Johnson vs. Calvert de 1993 e In re Marriage of Buzzanca de 1998, la “teoría de la intención”. Según ésta, la madre legal es aquella que tuvo la intención y el propósito de procrear y de criar al bebé (se le llama, también, la “madre comitente”). Es decir: ¿Quién llamó a la cigüeña?

Pero ¿es ético?
Las técnicas de reproducción asistida —así como, en algunos países africanos, la poliginia o el recurrir a la “hermana fértil”— son soluciones o alternativas reales a la infertilidad. Su uso, según la Ley General de Salud, es un derecho. Sin embargo, si bien ésta permite la fecundación artificial heteróloga —realizada con esperma donado—, exige que “la condición de madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma persona”, lo que excluye, en principio, la ovodonación.

¿Qué sucede, entonces, con aquellas mujeres que, por alguna enfermedad o anormalidad en su sistema reproductor, no pueden gestar? ¿O con aquellas que son infértiles y cuyos ovarios no producen óvulos? ¿Por qué permitir el uso de esperma pero no de óvulos donados? ¿No se trata de una clara discriminación por género? Según el Centro de Fertilidad Procrear, cerca de 3 millones de peruanos estarían experimentando alguna clase de problemas relacionados con la infertilidad. ¿Se les debería prohibir el acceso a la “maternidad subrogada”? ¿Quién decide si pueden formar una familia o no?

“Si el trato se produce con absoluta libertad, autonomía y con consentimiento informado, y si las personas directamente involucradas tienen pleno conocimiento de los riesgos y que los mismos serán contemplados y asumidos por ambas partes, entonces no tendría por qué ser inmoral”, señala Susana Chávez, obstetriz y directora adjunta de la ONG Promsex.

“Desde mi punto de vista, lo que tendría que asegurarse es que las mujeres que recurren a estas técnicas de reproducción asistida realmente estén impedidas de llevar adelante un embarazo, que las ‘madres subrogadas’ tengan plenamente garantizados sus derechos y que ninguna mujer se vea en la necesidad imperiosa de portar un embarazo a cambio de un pago”, añade.

Por un lado, los argumentos en contra de esta práctica destacan su carácter “antinatural” y, por otro, denuncian la posible mercantilización del cuerpo de las mujeres (la británica Carole Horlock, una “madre subrogada de profesión”, ha gestado 12 bebés en 13 años). Surgen, de hecho, muchas preguntas de naturaleza ética. ¿Y si el bebé naciese con Síndrome de Down o con alguna discapacidad, sea física o mental? ¿Lo aceptarían los padres biológicos? Recordemos que, en esa materia, el Perú ya tiene un triste precedente. En el 2010, un padre cuya hija concebida in vitro nació con Síndrome de Down y afecciones cardíacos congénitas, decidió demandar a la clínica Concebir por —según sus propias palabras— “producto fallado”.

¿Qué pasaría si los padres biológicos se separaran o murieran durante la gestación? ¿Si se le pide a la “madre subrogada” abortar —suponiendo que el feto tiene malformaciones o que el embarazo haga peligrar su vida–, y que ésta se rehusara? ¿Debería la subrogación necesariamente ser altruista? ¿Sería legal que una mujer alquilase solo parte de su cuerpo, pero no el resto? ¿Hay respuestas?

Según Paula Siverino Bavio, “no es realista ni deseable que exista unanimidad en las posiciones frente a las técnicas de reproducción asistida, ya que tocan fibras muy sensibles sobre la transmisión de la vida humana”. Sin embargo, refiere, es precisamente por ello que la bioética “debe ser alentada e incorporada a la agenda pública”. “Ya lo han hecho en países como Argentina, México, Colombia, Brasil y Chile. Y en Francia, por ejemplo, las leyes sobre temas de bioética se discuten de manera pública cada 5 o 10 años. En el Perú hay un largo camino por recorrer”, añade.

El vientre del mundo
Cada vez más son las parejas (del mismo sexo o no) y las personas solteras —provenientes, principalmente, de países ricos— que acuden a la India para contratar a “madres subrogadas”. Las razones son múltiples: se habla inglés, el país cuenta con buenos médicos y hospitales modernos, el costo es bajo (una cuarta parte de lo que costaría en EE.UU.) y las leyes son, digamos, “flojas”. No se regula, por ejemplo, el número de óvulos por fecundar. Y mientras que en otros países, como EE.UU., se implantan un máximo de 3 embriones, algunas clínicas de la India llegan hasta 6.

Hoy se estima que las aproximadamente 350 clínicas o centros de “maternidad subrogada” en la India —un país con altos índices de mortalidad de gestantes y de recién nacidos— mueven unos US$2,000 millones al año. Se desconoce, sin embargo, el número de niños nacidos a través de esta práctica. Los defensores de este “negocio” lo llaman win-win (gana-gana o no-suma-cero): los médicos consiguen clientes, las parejas estériles a sus hijos, y las “madres subrogadas”, dinero. El “alquiler” de vientre se entiende, desde esta perspectiva, como un medio de potenciación económica.

Los detractores de esta práctica, empero, denuncian la explotación de las mujeres pobres, así como el llamado “turismo reproductivo”. Planet Hospital e iBariHealth, por ejemplo, ofrecen paquetes de cirugía cosmética —de tipo “todo incluido”—, así como de ortopedia, intervenciones de reasignación de sexo, trasplante de órganos y de subrogación.

Las “madres subrogadas” de la India son, usualmente, pobres, rurales, de las castas más bajas y analfabetas. Muchas están casadas y tienen hijos propios. Algunas llevan el embarazo en sus casas, pero la mayoría lo hace lejos de sus familias, en “casas” especiales de las cuales no se les deja salir. Firman largos contratos —con decenas de cláusulas— que especifican sus obligaciones durante el embarazo (se prohíbe practicar deportes, consumir cafeína, ingerir hierbas medicinales, etcétera), así como su obligación de abortar en caso el feto presente alguna anomalía o se implantaran más de dos embriones (interrupción selectiva). Finalmente, no es poco común que a estas mujeres, quienes reciben entre 5 y 7 mil dólares (la clínica se lleva la mayor parte), se les practique una cesárea para que la fecha del parto convenga a los que lo encargaron.

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