Para quien haya leído con detenimiento las 10 páginas de “Exposición de motivos” del proyecto de ley sobre el “negacionismo de los delitos de terrorismo” propuesto por el Ejecutivo al Congreso de la República, seguramente dos cosas habrán llamado de inmediato su atención: la primera es el alto nivel de elaboración conceptual y de actualidad jurídica de tal fundamentación; la segunda, la desconcertante ausencia de contextualización en la que ella se expresa. La combinación de ambas cosas llama, por supuesto, a la sospecha, pero conviene tenerlas, ambas, en su debida consideración.

Por un lado, hay que reconocer a los autores de la fundamentación (quienes no tienen por qué ser necesariamente los responsables de la utilización política que se haga de su trabajo) que su reflexión es seria y persuasiva, pues se ajusta a los estándares más elevados de la jurisprudencia internacional sobre el negacionismo o el “revisionismo histórico”. Pero, por otro lado, es sorprendente el alto grado de despiste sobre el contexto (bien o mal intencionado) en el que es formulada la fundamentación y el consiguiente proyecto de ley.

Quien se atuviera a las consideraciones teóricas de la mencionada fundamentación pensaría que nos hallamos, en el Perú actual, en una sociedad democrática plenamente respetuosa del Estado de derecho, en la que existe un consenso amplio y claro sobre la “verdad” social de nuestra historia, pasada y reciente, que sería precisamente la que habría que preservar ahora por medio de una nueva medida legislativa como la que se propone en el proyecto en cuestión.

Pero eso contradice de manera flagrante la realidad de las cosas, y, por lo mismo, pervierte el sentido de la norma propuesta. Así es la naturaleza de las leyes: adquieren sentido, o contrasentido, en el contexto en el que se aplican, ya que éste, lejos de ser irrelevante para su implementación, suele influir de manera determinante en los efectos reales que ellas habrán de tener.

Si algún “negacionismo” es claramente perceptible y condenable en la sociedad peruana actual, de acuerdo precisamente con los criterios jurídicos en que se basa la fundamentación de la norma mencionada, es uno muy diferente al que se pretende combatir, uno que le es casi contrario: no la negación de los crímenes del terrorismo, sino la negación de la “verdad” sobre esos crímenes; no la negación del carácter pernicioso de la violencia para nuestra democracia, sino la negación de la responsabilidad que ha tenido la sociedad, en particular su clase política y empresarial, en perpetuar una situación de injusticia, corrupción e inequidad que contraviene los estándares de la forma más elemental de democracia.

No son éstas las únicas formas de negacionismo. Hay muchas otras que le están emparentadas y que explican en cierto modo la paradoja, o el oportunismo descarado, de la propuesta. Si, por ejemplo, un presidente ha sido elegido ofreciendo a la población una línea política de cambio y luego aplica una contraria, ¿no es eso una forma flagrante de negacionismo? ¿No es una forma clara de enviar un mensaje a la población sobre la concepción de “verdad” o “veracidad” de la política?

No estoy hablando de asuntos meramente subjetivos o de coherencia personal. El negacionismo ético de la política presidencial es una de las fuentes que alimentan y dan aliento al negacionismo sociopolítico de la derecha peruana que, como en todas las elecciones pasadas, se ha visto fortalecida en sus convicciones rudimentarias por las decisiones últimas de sus gobernantes. Una vez más, ha ganado las elecciones en el Perú un candidato que encarnaba una clara voluntad política, la de un pueblo descontento con el sistema, pero el presidente electo ha traicionado esa voluntad y dado la razón a la tendencia opuesta, reforzando así la convicción del negacionismo en sus diferentes variantes: negación de la veracidad, de la palabra empeñada, de la reforma prometida y de la verdad que le subyace.

Eso explica la insólita constelación actual, que es la del dominio social, político y mediático de una derecha que gobierna casi sin restricciones ideológicas, enseñoreada sobre el panorama y que practica el más descarado negacionismo de la verdad histórica de la desigualdad reinante en el país a lo largo de siglos. No solo tiene en su poder los principales diarios y canales de televisión, en los cuales cultiva abiertamente el negacionismo, con la prepotencia que le otorga su posición de dominio, sino que propone además la agenda de discusión pública y hasta el clima para su abordaje. A ello se debe, sin duda, que de pronto haya readquirido actualidad y pertinencia el cuestionamiento de la Comisión de la Verdad, la relativización de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el propio pedido de indulto a Fujimori. El mensaje monocorde envalentona a sus emisores, refuerza su seguridad y los lleva por eso a expresar su voluntad de poder sin reparos, con la mayor naturalidad, incluyendo en este coro al arzobispo de Lima, quien bendice la desigualdad, legitima la corrupción y predica el desconocimiento de los estándares jurídicos internacionales que se proponen precisamente defender los valores de la vida.

Por todo ello, la pregunta principal que subyace a la propuesta de ley sobre el negacionismo es: ¿de qué negación de qué verdad estamos hablando? Si ponemos la propuesta en su debido contexto, las cosas no parecen ser ni parecer como se plantean en el proyecto. La negación de la que se pretende defender a nuestra sociedad es la de los delitos del terrorismo, en la medida en que ella supuestamente pondría en peligro nuestra estabilidad democrática. Pero, por su descontextualización, deliberada o no, el proyecto parecería proponerse más bien legitimar o encubrir indirectamente la negación abierta de la verdad histórica sobre nuestro pasado, la cual implica una serie de negaciones previas que son las causantes últimas de la inexistencia entre nosotros de una verdadera democracia, como la justificación de los crímenes, la connivencia con la corrupción, la naturalidad de la inconsecuencia política, la aceptación del mal llamado pragmatismo de los gobernantes.

El problema principal de este proyecto de ley no es, pues, que con él se ponga en peligro la libertad de expresión o que se otorgue a los jueces peruanos, famosos ciertamente por su improbidad, un elemento adicional de manipulación de la justicia o de cacería de brujas. El problema principal es su desconocimiento deliberado del contexto en el que surge y en el que ha de ser aplicado, que es el del negacionismo opuesto: el que da vida a una forma de hacer política de espaldas al verdadero país, en consonancia con la corrupción y en contradicción con los ideales de una sociedad más justa y democrática.