El reciente conflicto entre Minera Yanacocha y un sector de la población en Cajamarca pone sobre el tapete una serie de omisiones y fallas que indicarían que el abordaje de esta clase de situaciones debe realizarse de manera sistemática y no solo coyunturalmente. En ese sentido, el desenlace que viene mostrando este hecho conflictivo es una buena ocasión para analizar si es así como el Ejecutivo debería manejar futuros conflictos socioambientales y si se ha producido un precedente que influirá en el devenir de controversias similares.

Debe tenerse en cuenta que durante el mes de julio, más del 60% de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo tuvieron una naturaleza socioambiental, y en casi la mitad de ellos hubo algún episodio de violencia. En el caso concreto de Conga, los enfrentamientos provocaron la muerte de 5 ciudadanos, hecho que fue atribuido al personal policial; además, se produjeron decenas de heridos, una serie de detenidos, atentados contra la propiedad privada y, en general, pérdidas económicas para toda la región Cajamarca. De ahí que el conflicto escalara a niveles tan altos y produjera comportamientos abiertamente hostiles de las partes que, felizmente, no tuvieron un desenlace destructivo gracias a la intervención de los facilitadores nombrados desde el Ejecutivo y a la suspensión del proyecto.

La intervención de los facilitadores y su equipo técnico ha sido importante —pero no suficiente— para crear condiciones de diálogo entre las partes, lo que no se había dado por la mutua desconfianza y el fracaso de las acciones promovidas por el anterior Primer Ministro. Felizmente, se ha conseguido una suerte de tregua entre los involucrados que debería conducirlos más adelante a una negociación directa con asistencia o no de terceros que permita poner punto final a las tensiones y abran la posibilidad de mantener un sistema permanente de consultas y resolución de futuros hechos conflictivos en esta región.

¿Qué lecciones se pueden extraer de esta coyuntura? Enumeramos algunas:

1) Definitivamente, estamos ante una situación inusitada: es la primera vez que el actual Gobierno recurre a terceros interesados en una resolución pacífica del conflicto, como ha sido el caso de los facilitadores, el obispo Miguel Cabrejos y el sacerdote Gastón Garatea. En gestiones anteriores no se había producido esta práctica, y quizá sea eso lo que explique, en parte, las soluciones tardías.

Esta vez se habría buscado un abordaje diferente, uno que privilegia desde un inicio la búsqueda de una solución pacífica que se sustente en la creación de bases sólidas para iniciar un diálogo que no deje la sensación de que habría ganadores y perdedores entre la empresa y los opositores al proyecto.

2) Esta reacción, así como la manera en que se están manejando hasta ahora ciertas situaciones conflictivas (por ejemplo, en Moquegua, el caso de Quellaveco), parecieran indicar que con el cambio de Gabinete Ministerial se han empezado a percibir los conflictos como un fenómeno social y no solo como un problema de azuzadores políticos.

3) Se observa la ausencia de una especialización y entrenamiento de funcionarios del Ejecutivo para el manejo de los conflictos sociales, con el consiguiente efecto de tener que recurrir, cada vez que se produce un estallido social, a comisiones de alto nivel. Esta constatación debería conducir a la creación de un sistema descentralizado de alerta temprana de conflictos que permita prevenir las crisis y los hechos de violencia. En este contexto, puede ser totalmente pertinente el funcionamiento de una unidad gubernamental de prevención de conflictos capaz de legitimarse ante los actores sociales y la opinión pública, de manera que pueda articular a los diversos sectores gubernamentales y la sociedad civil organizada.

4) En la medida en que el Gobierno se habría animado a utilizar una forma distinta de encarar los conflictos sociales, es válido plantearse la reflexión acerca de hasta qué punto puede hablarse de solución rápida de aquellos. Mejor dicho, si no sería más apropiado referirse a que la labor de los gobernantes es la de gestionar los conflictos sociales encauzándolos dentro de un proceso que permita identificar adecuadamente a todas las partes involucradas y trabajar con ellas salidas sostenibles y equitativas que atiendas las raíces de los problemas. Este entendimiento es crucial para comprender qué nos espera del futuro manejo de esta clase de situaciones, ya que si se asume que los conflictos pueden no tener solución inmediata, se puede pensar en manejarlos a través de la negociación, la mediación o facilitación para prevenir la crisis y la violencia.

5) Si se consolidase esta nueva visión acerca de cómo manejar los conflictos sociales, sería positivo que se empiecen a discutir los temas de fondo en la relación entre empresas extractivas y población. En la medida en que exista esta voluntad, el escenario ideal para discutir acerca de los intereses, objetivos y necesidades de cada una de ellas debiera ser la negociación, que tendría que desarrollarse, dependiendo de cada caso, con presencia estatal o no.

6) Creemos, por lo tanto, que los conflictos socioambientales sí pueden ser resueltos, en el sentido más democrático del término, en tanto exista la voluntad de las partes y un rol distinto desde el Estado que el Ejecutivo pareciera asumir. El precedente de la intervención estatal en Cajamarca podría ser una señal para que en otros lugares se dejen de lado soluciones impuestas por la fuerza que a la larga no resuelven el conflicto.

Si esta concepción prevalece, es decir, si se asume que el Estado es el mediador por naturaleza de estos conflictos, y que, por tanto, su papel tiene que ser imparcial, neutral y de búsqueda de acuerdos que sean percibidos como justos por las partes, estaremos dando un paso importante en la consolidación de nuestra democracia.